Con el cronograma legislativo ya definido, el tratamiento de la reforma laboral ingresa en una etapa decisiva. El Gobierno apuesta a cerrar acuerdos para aprobar el proyecto en el Senado, mientras el sindicalismo intenta frenar o modificar una iniciativa que considera regresiva en materia de derechos.
El presidente Javier Milei firmó este lunes el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial, que convoca al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026. Entre los temas incluidos figura el proyecto de ley de reforma laboral, junto a otros como la adecuación de la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio MERCOSUR–Unión Europea y la designación de embajadores.
La convocatoria confirma la decisión del Gobierno de avanzar con el tratamiento de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero. En el oficialismo señalan como posible fecha una sesión en el Senado entre el martes 10 y el jueves 12, bajo la órbita de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por Patricia Bullrich, quien además conduce el interbloque de La Libertad Avanza.
Desde los próximos días comenzará a funcionar una comisión técnica que recogerá observaciones de sectores de la oposición dialoguista y de la CGT. En paralelo, a partir del 26 de enero Bullrich prevé iniciar reuniones directas con senadores para ajustar el texto y garantizar los votos necesarios. El oficialismo cuenta hoy con 21 senadores y necesita reunir 37 para alcanzar el quórum.
Reforma laboral: El sindicalismo, en etapa decisisiva
En este escenario, el sindicalismo transita jornadas de alta tensión. La CGT, a través de su conducción, prioriza la vía de la negociación para introducir cambios en el proyecto y evitar su aprobación en los términos actuales, aunque no descarta profundizar el conflicto si el Gobierno avanza sin modificaciones sustanciales.
Jorge Sola anticipó que la central obrera intentará que el debate se postergue hasta el período ordinario, que comienza el 1 de marzo, y advirtió que una eventual sanción sin cambios derivaría en un “choque judicial”. Según sostuvo, el proyecto entra en contradicción con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la CGT actuará como “un muro de contención”, incluso con acciones gremiales si fuera necesario.
En la misma línea, Cristian Jerónimo afirmó que “vamos a hacer todo lo que sea necesario para frenar este embate contra el mundo del trabajo” y fue categórico al señalar que, tal como está redactada, “la reforma no pasa”.
Octavio Argüello, por su parte, remarcó que la central está dispuesta a discutir modificaciones, pero advirtió que no aceptará “un retroceso en los derechos”. Rechazó iniciativas que impliquen mayor precarización o recorte de conquistas históricas y sostuvo que el proyecto “no crea trabajo, sino que quita derechos”, anticipando un escenario de conflicto si no hay cambios de fondo.
Gremios industriales y el desafío de una estrategia común
Mientras tanto, distintos sectores del gremialismo, en especial los vinculados a la industria, comenzaron a coordinar acciones ante la posibilidad de que el proyecto avance sin consenso. En ese marco, sindicatos industriales y organizaciones que no forman parte plena de la conducción de la CGT mantienen reuniones para evaluar escenarios y eventuales medidas de protesta. Una de ellas tendrá lugar el próximo miércoles en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), convocada por el secretario general de los metalúrgicos Abel Furlán.
El telón de fondo es una situación económica compleja, con conflictos paritarios abiertos, paritarias sin homologar, suspensiones, cierres y un aumento de despidos en varias ramas de la industria, lo que agrega presión al debate parlamentario.
Los gremios industriales ya habían anticipado en CGT la decisión de endurecer la postura frente al Gobierno. Fue durante un encuentro en Azopardo en la previa a la movilización del pasado 18 de diciembre contra la reforma laboral. Allí, las organizaciones adheridas a la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) denunciaron el «industricidio» de Javier Milei y recibieron el respaldo de la CGT. «Queremos que la agenda de la CSIRA pase a ser la agenda de la CGT», señaló Jerónimo, co titular cegetista, en apoyo y adhesión al accionar del sector.
Así, la discusión de la reforma laboral no solo tensiona la relación entre el Gobierno y el sindicalismo, sino que también pone a prueba la capacidad de los gremios para articular una estrategia común frente a un tratamiento legislativo inminente que promete marcar el pulso político y social del inicio de febrero.